La protesta estudiantil del pasado miércoles 10 de noviembre en Londres fue la más multitudinaria que recuerda Inglaterra en más de 20 años. Más de 50 mil estudiantes marcharon por el centro de Londres, recorriendo casi sin resguardo policial Trafalgar Square, el Big Ben y el edificio del Parlamento, entre otros importantes hitos británicos.
El motivo es simple. Se oponen a los planes del gobierno conservador para eliminar el actual techo que tienen los aranceles de pregrado, con lo que se prevé que llegarían a triplicarse en tan sólo 2 años, incluso llegando a las 9 mil libras anuales (casi 7 millones de pesos). Se oponen también al recorte del aporte público a la enseñanza en universidades, el que disminuiría un 40%.
Por muy precaria que sea la situación fiscal inglesa –tuvieron un déficit del 11,4% el año 2009-, las medidas propuestas por los conservadores parecen a priori muy extremas para un área tan sensible como la educación superior. Sin embargo, una mirada más profunda nos muestra lo contrario, si es que incluimos algunos detalles de la propuesta del gobierno inglés y lo comparamos con el caso chileno.
Partamos por casa. Invertimos más recursos en educación superior que el promedio OCDE (2,0% contra 1,4%, como porción del PIB), sin embargo la característica fundamental del sistema chileno no es esa, sino la escandalosa participación de los privados tanto en el financiamiento como en la tenencia de instituciones educacionales. Mientras en Chile el presupuesto de ESUP proviene un 84% de fuentes privadas y un 16% de fuentes públicas, el promedio de los países OCDE es casi inverso: 27% privado y 73% público. Además, 3 de cada 4 estudiantes del sistema chileno asisten a instituciones privadas, quienes fijan currículos, aranceles y oferta por programa académico con casi absoluta libertad.
Los pormenores de la propuesta de los conservadores ingleses incluye: elevar el techo de los aranceles (en Chile no hay techo), entregar créditos blandos por parte del estado para financiar los estudios para todo aquel que lo solicite (en Chile no más del 6% de los estudiantes del sistema tiene acceso a un crédito semejante), entregar créditos públicos universales para gastos de mantención (en Chile hay becas de mantención muy limitadas), y financiar todo esto con cargo a las rentas futuras de los profesionales de forma contingente al ingreso, si es que superan cierto mínimo y por un plazo acotado de años (tal cual funciona el crédito solidario que desde 2005 se ha intentado reemplazar por un crédito bancario con aval público). Como antecedente se puede agregar la última decisión de EEUU, pues el pasado 30 de marzo el Presidente Obama promulgó la Ley que devuelve al sector público la asignación de créditos estudiantiles y eleva sus subsidios, luego de mucho tiempo de haber “beneficiado a bancos e instituciones financieras” con un sistema privado.
La política introducida por el gobierno conservador inglés resultaría ser una revolución progresista si se aplicara al caso chileno. En nuestro contexto, equivale a expandir el fondo solidario a nivel universal, haciéndolo de acceso voluntario e introduciendo además un sistema de fijación de precios de aranceles (ya no meros aranceles de referencia). Algo así como un verdadero “AUGE” de la educación superior.
Si bien puede resultar acertado describir los gobiernos de la Concertación como de centroderecha en lo económico y de centroizquierda en lo social, resulta intrigante preguntarse ¿por qué en particular para la educación superior, componente estructural de la política social, se consagró un régimen rotado 90° a la derecha? ¿Fue un ámbito clave para mantener la escandalosa inequidad social? Probablemente sí. ¿Y qué cambios podemos esperar en el gobierno actual? Está difícil, pero depende también del número de estudiantes marchando por la Alameda hasta la Torre Entel.
