Que acabó la guerra fría. Que entramos hace años en la era del Consenso de Washington. Que la Democracia se consolida como la única forma legítima de gobernar un país. Que los organismos internacionales generan acciones que avanzan en el desarrollo y la universalización de los derechos. Que EEUU es el principal financista de estos organismos multilaterales.
Nada de ello parece cierto luego de leer los reportes de la prensa internacional sobre la filtración desde la Secretaría de Estado norteamericana hacia la web Wikileaks. Lo que un periódico alemán llamó “el 11 de septiembre diplomático” es, además, sólo el residuo final de un triple filtro aplicado a su vez sobre el material develado.
Los documentos originales facilitados por Wikileaks —250 mil cables entre la Secretaría de Estado y sus embajadas— ya son una selección de la última década y no la totalidad de ellos. A su vez, lo que habría compartido Wikileaks con los periódicoss The Guardian (Reino Unido), The New York Times (EEUU), El País (España), Le Mond (Francia) y Der Spiegel (Alemania), sería el producto de un segundo cedazo aplicado a la información, luego de corroborar veracidad, verosimilitud y seguridad según sus propios criterios. Por último, el tercer filtro fue acordado entre los medios citados y la propia Secretaria de Estado, con anterioridad a la publicación. Mientras El País informó en su web que acataría a nivel local todos los acuerdos de la negociación entre el New York Times con la Casa Blanca, The Guardian hacía los suyo en su edición impresa del lunes 29 de Noviembre, dando cuenta en una nota del editor que la información publicada fue previamente compartida tanto con Wikileaks como con el gobierno norteamericano.
En otras palabras, el espionaje a los datos personales y biométricos del Secretario General de las Naciones Unidas, la inquietud sobre la capacidad mental de la Presidenta argentina, la intromisión en la política interna de Latinoamérica para aislar algunos países, las recomendaciones recibidas para bombardear Irán, así como la cizaña esparcida en China y las Coreas, son todos elementos que salen a la luz luego de este triple filtro en el que participa la propia fuente original de los documentos. Cabe preguntarse entonces, ¿qué hay en los documentos no publicados? ¿Cuánto más lejos puede llegar la acción norteamericana en aras de dominar la información privada de otras democracias y de sus líderes? ¿Qué tan legítima es su ahora evidente intención de hacerlo?
Mención aparte merece el tono usado en las conversaciones internas de la Secretaria de Estado. Si bien se trata de material reservado, no por eso se encuentra fuera del contexto profesional y de respeto que, se esperaría, rigiera en la diplomacia universal. Muy frecuentes y coloquiales apelativos se leen en los documentos refiriéndose a las máximas autoridades de diversos países, como “flácido viejo amigo”, “susceptible y autoritario”, “son como Batman y Robin”, entre muchos otros. Se prueba con ello la existencia de una cultura organizacional en la cancillería estadounidense sintomáticamente permisiva de la mirada por sobre el hombro, partiendo por algo tan básico como el lenguaje aceptado.
En este escenario, se alza como potente argumento la minimización de riesgos para la vida humana, citado en todos los comunicados de prensa de la Secretaría de Estado. Pero, ¿fue el mismo criterio aplicado en la génesis del proyecto de espionaje? ¿Son la transparencia, la autonomía, la libertad y la verdad, valores dúctiles y factibles de relativizar frente a la seguridad? ¿Es correcto espiar y obtener subrepticiamente información privada de otras sociedades y países, bajo el propósito declarado de maximizar la seguridad nacional?
Hay al menos dos maneras de mirar este problema. El utilitarismo de Bentham nos diría que todo vale en función de las consecuencias que genera. Y si muchas vidas fueron salvadas y eventuales atentados fueron evitados con esta “política de seguridad”, entonces ejecutarlas fue lo correcto. Frente a ello una primera complicación automática: bajo esta lógica consecuencialista, lo primero que debemos mirar son los costos de la medida y compararlos con sus efectos positivos. Pero para esto último resulta fundamental mirar el escenario contrafactual, o el qué hubiera pasado si no se hubiera tomado la decisión del espionaje generalizado. En este caso, ¿se evitaron guerras con el espionaje?, ¿se salvaron vidas? Resulta imposible saberlo, y con ello se debilita el argumento.
La segunda aproximación es facilitada por el razonamiento moral categórico de Kant, basado en ciertos derechos intrínsecos al ser humano, intransables, inalienables, imposibles de relativizar. Hay ciertas cosas que simplemente están mal, en todo tiempo y contexto. La tortura y el asesinato probablemente son dos buenos ejemplos aceptados ampliamente (salvo onerosas excepciones, como veremos a continuación). ¿Lo es también el espionaje? ¿La invasión hoy flagrante a la privacidad de las personas, a las democracias de las sociedades?
Pues bien, ¿dónde se ubica la política de espionaje norteamericana en estas coordenadas morales? El ex Presidente Bush hijo ya nos dio su respuesta, reconociendo a comienzos de noviembre que autorizó torturas a prisioneros para extraer datos que, bajo su criterio, “salvaron vidas”. Con ello se cuadró por cierto con el utilitarismo puro y soslayó de paso la fase contrafactual del razonamiento. En los EEUU de Bush no hay medias tintas, se hizo todo lo necesario para conseguir el propósito.
¿Son los EEUU del Presidente Obama diferentes a los de Bush? Claro que sí. Obama tiene al menos 2 grandes ventajas. La primera es un Premio Nobel de la Paz sobre su espalda, y la segunda más de 250 mil documentos repartidos por todo el mundo gracias a Wikileaks. Son ambos potentes focos que iluminan el camino de la hasta ahora nebulosa ruta a seguir. Los países en desarrollo no requerimos un gran hermano, un sistema de vigilancia mundial, ni menos un profeta de la desconfianza. Tomar el camino de la promoción de la Democracia plena, del respeto irrestricto a los derechos individuales y colectivos, simplemente no puede pasar por una fase que los vulnera gravemente.
