Pues bien, nada de esto pasará en Chile. Si a la democracia chilena le faltaba verdadera competencia, los partidos políticos le han dado otro tiro de gracia. Si usted sentía que al votar solo estaba ratificando las decisiones que los partidos habían tomado previamente, vamos a seguir igual.

El día de ayer, todos los partidos políticos unidos (con las excepciones del PC, el PRO y 8 independientes o díscolos) aprobaron en el Congreso extender a un año el tiempo mínimo con que deben renunciar a sus partidos quienes quieran competir como independientes en las elecciones. Con esto, la situación que planteábamos al comienzo, el militante local reclamando espacios democráticos de decisión, es imposible… salvo que lo haga más de un año antes de la elección. Si eso llegara a ocurrir, la respuesta de los dueños del partido ya se imagina: “pero si falta tanto pos hombre, todo a su tiempo”. Sin embargo, una vez llegados a 12 meses antes de elecciones, la puerta se cierra con llave para entrar o salir, y solo la directiva elige a quienes tienen derecho a ser candidatos.

Se trata de una solución al más puro estilo de Don Otto: Los partidos no están dispuestos a corregir su desprestigio  en la ciudadanía, prefieren esconderlo, vender el sillón. Si optaran por el camino contrario, si los partidos fueran valorados por la sociedad, el solo hecho de contar con el logo del partido en su afiche debiera ser una ventaja contundente del candidato “oficial” frente al que renunció. Pero, todos sabemos, los candidatos prefieren evitar contarnos a qué partido pertenecen cuando hacen campaña. Otra solución donottiana, por cierto.

La historia de la nueva ley es singular. En marzo de 2009, siete diputados (DC, PPD, PS y RN) presentaron el proyecto, contaron con el apoyo del gobierno que le asignó suma urgencia – ¿Una urgencia ciudadana? –,  y en menos de una semana se discutió y terminó rechazándose. 15 meses después,  los senadores Escalona, Gómez, Lagos Weber, Longueira y Zaldívar volvieron a la carga, y  el día de ayer terminó de ser aprobada en la cámara.

La nueva ley tiene la virtud de “pasar piola” y solidifica un sistema que a los parlamentarios les gusta, pues cada día será más difícil competirles: si el congresista se porta bien, sigue las órdenes partidarias y no se le ocurre pensar por sí mismo ante proyectos, comisiones investigadoras o acusaciones constitucionales, la directiva lo premiará con el cupo para reelegirse. Y si alguien en su partido quiere competirles por su escaño, deberá renunciar 12 meses antes de las elecciones para correr como independiente. Si no lo hace a tiempo, todo queda en manos del presidente de partido… y el resultado es conocido. No son muy amigos de “dar tiraje a la chimenea”.

En El Mostrador

La propuesta de liceos de excelencia tiene potenciales consecuencias positivas y negativas.

Partamos por lo positivo: la propuesta tiene un potencial efecto democratizador de las elites. Juntar a los mejores alumnos de los las escuelas públicas con los mejores profesores y equipos directivos, todos ellos en un ambiente de excelencia, puede permitir que estos alumnos entren a las mejores universidades del país (efecto Instituto Nacional). Seguramente sin esta medida muchos de ellos ya entrarían, pero otros no, y sabemos lo poco diversas que son las universidades de más prestigio de nuestro País. Dada la pequeña escala de la elite chilena, si, por ejemplo, como producto de esta medida entraran cada año, provenientes del sector municipal, 300 alumnos más a la Universidad de Chile y Católica, aquello tendría un impacto significativo  en el futuro del País.  

Los aspectos negativos son múltiples, parto por uno que ha estado presente en el debate. La propuesta aumentará la ya vergonzosa segregación de nuestro sistema educacional. El Gobierno una y otra vez nos ha tratado de convencer que esta medida no significará un deterioro del resto del sistema, pero esto no resiste ningún análisis. Los recursos que se asignarán a estos liceos bien podrían asignarse a los liceos más vulnerables, ese es el verdadero costo de oportunidad de la medida.

 Por otro lado, la propuesta tiene un alto costo asociado el que por diseño es desproporcionado respecto a los beneficios.  La razón es muy simple,  por cada alumno beneficiado hay entre 30 y 40 afectados. Para dar buena educación a uno se baja la calidad de los 30 que se quedan en el colegio que no es de excelencia,  los cuales pierden recursos (al menos potencialmente), pierden al mejor alumno del curso, o bien pierden al mejor profesor. Parece poco lógico que para lograr un efecto valioso pero en un grupo tan pequeño, tengamos que afectar a todo el sistema. 

Hay también un problema de  economía política: concentrar los mejores alumnos con los mejores profesores puede dar una falsa sensación de avance (medido por ejemplo en qué porcentaje de los alumnos de liceos de excelencia entran a las universidades de mayor prestigio). Mejorar a menos del 5% y empeorar de paso al 95% restante puede dejar una sensación de que hemos resuelto el problema de la educación pública, si de lo que se habla es de los éxitos de ese 5%. Los liceos de excelencia constituyen una política sumamente atractiva para cualquier gobierno populista, dan la posibilidad de tener resultados en el corto o mediano plazo, en un área en la que estamos frustrados como país y en la que cuesta mucho avanzar, pero conllevan un costo en el resto del sistema el cual será difícil de cuantificar y por lo mismo no será tema en el debate público.

Por último, cabe preguntarse si es posible desarrollar una política pública que tenga un efecto positivo similar (mas estudiantes de liceos en las Universidades) pero sin los altos costos asociados. Pienso que es posible.

Desde hace unos 5 años, producto de un trabajo conjunto entre las federaciones estudiantiles y el Mineduc de la época, se han llevado a cabo una serie de planes pilotos cuyo fin ha sido permitir la entrada de los mejores alumnos de los liceos municipales (el 5% de mejor rendimiento), aun cuando estos tengan puntajes inferiores a lo de corte. Dado los buenos resultados de estos alumnos, y en buena hora, el actual Mineduc parece decidido a ampliar el alcance de esta medida, también las Universidades. No es el objeto de este artículo discutir esta política en detalle, pero cabe señalar que ampliar el alcance de esta medida puede tener el mismo resultado que los liceos de excelencia, pues permitiría incrementar las probabilidades de que un buen alumno de un liceo llegue a una buena universidad, pero sin aumentar la segregación, ni concentrar recursos económicos y pedagógicos en estos alumnos.     

La democratización de las elites es un tema pendiente en Chile y resulta clave para su desarrollo futuro. Sin embargo,  no debemos avanzar hacia ella a cualquier costo. Es posible hacerlo con una sana mezcla de políticas de corto y largo plazo, sin nunca sacrificar el sello final que le queremos dar al sistema escolar: la igualdad. 

“Hay abundantes motivos éticos y sociales por los cuales nos debemos preocupar por la desigualdad de ingreso, pero hay también razones macroeconómicas. La desigualdad puede desalentar la economía, pues los pobres tienen menos acceso al crédito. Puede llevar a las personas hacia actividades improductivas. Puede también hacer a los países más vulnerables a los shocks, pues cuando pocas personas ahorran para un día de lluvia, son más los que sufrirán al llegar la tormenta. La desigualdad puede incluso hacer más difícil la recuperación luego de los shocks: las sociedades más iguales tienden a crecer por mayores períodos de tiempo.”

Chile es hoy más papista que el FMI. A pesar de estar entre los 44 países más desarrollados del mundo, es por el contrario uno de los 15 más desiguales, según el PNUD. Además, posee un nivel de impuestos agregados cercano a la mitad de “sus pares” de la OECD (19% contra 36%). Y en relación a esos mismos países, la gigantesca brecha en cuanto a equidad no se da al comparar la situación antes de los impuestos sino que después de éstos. Los países desarrollados mejoran su equidad principalmente vía el gasto público. Por lo tanto, y para derribar un mito de uso frecuente, es justo señalar que el gasto público chileno es insuficiente mucho más que ineficiente en el combate contra la inequidad.

¿Y por qué el gobierno -desde mucho antes que asumiera el Presidente Piñera- no ha tomado cartas para superar este escandaloso problema? ¿Por qué entre los temas de la última elección presidencial no fue protagónica la apuesta por reducir la inequidad? ¿Queda alguien que en su sano juicio todavía piense que el crecimiento y la equidad son tareas secuenciales, una después de la otra? O en el peor de los casos ¿puede alguien creer que aún no ha llegado a Chile la hora de la equidad?

Un Presidente chileno reciente hizo su campaña bajo el slogan “crecer con igualdad”. Pues bien, logró lo primero y falló en lo segundo. Desde entonces hasta hoy día nuestra economía sigue creciendo cada año, un poco más o un poco menos, pero el problema de fondo sigue ahí. La mayoría de los niños y jóvenes chilenos siguen yendo al colegio a “los 12 juegos” (años de mala educación) que nos cantaron Los Prisioneros a mediados de los 80 en “El baile de los que sobran”, donde a unos pocos les enseñan “secretos que a ti no”. Son 8 juegos de educación básica más 4 juegos de educación media. En total 12, salvo que se endeuden en una mala Universidad privada, donde ahora los juegos pueden llegar a ser 18 antes de “patear piedras”.

Curiosamente, la clase política tradicional se declara sorprendida por la baja participación electoral de los jóvenes, directa y cronológicamente egresados de la “Revolución Pinguina” de 2006, que muy clara y sensatamente planteó esta misma encrucijada.

Estimados amigos de la Concertación y de la centroizquierda toda, hubo avances importantes en 20 años, pero aquí está la prueba no superada y a la vez la amalgama de la unión amplia para un futuro urgente. Devolver las oportunidades a los vastos sectores de la sociedad chilena viviendo en el  limbo de la pobreza y la exclusión social, es la meta. Modificar paulatinamente nuestro sistema tributario para convertirlo en uno de características progresistas, es el camino. Seguir mejorando la eficiencia del gasto público y social, ayudará pero no es de por sí la solución.

¿Eso significa elevar impuestos? Sí claro! Si todo el mundo así lo hace, así lo ha hecho y con buenos resultados. La mayoría ciudadana y social respaldará ese camino, pese a que la mayoría económica pudiera no simpatizarle.

La “chilean way” nos puede haber llevado a promedios relativamente aceptables de desarrollo, pero a la vez esconde una gran verdad bajo la alfombra: una desigualdad indigna e indignante.

El FMI ya entendió el mensaje de Los Prisioneros. Ahora nos toca a nosotros.

Felipe Melo Rivara

Ingeniero Civil Industrial

Estudiante de Postgrado en LSE

La discusión por el acuerdo Concertación-Lavín marcó un debate de mucho más largo aliento: la Concertación no ha decidido el lugar que espera ganar en la cabeza de los electores. Extremando un poco las posiciones, mientras para Ignacio Walker el posicionamiento ideal pasa por entender que la oposición crece en la medida que alcanza acuerdos con el gobierno; en el otro rincón, los “sanitarios” afirman que la oposición crece rechazando lo que hace el oficialismo, incluso cuando el gobierno repite lo que la misma Concertación hizo antes.

Entre ambos polos hay una multitud de posiciones que permitirán la formación de mayorías y minorías en cada circunstancia. El problema radica en que mientras no se reconozca que los debates no versan solo sobre una política pública en específico, sino sobre un diferendo político estratégico mayor, las fracturas serán cada vez más sonoras. Ya tuvimos una muestra contundente.

Pero explicitar las posiciones es solo una parte. La otra es asumir que el acuerdo no va a ser posible, o al menos no siempre. Y que eso no tiene por qué ser malo. A diferencia de ayer en que el compartir el poder y sus responsabilidades –la obra de gobierno–  lo hacía imperativo, en una oposición pueden convivir varias oposiciones y pegarse duro entre sí, mientras traten de encontrar la fórmula que les permita  levantar alternativas electorales unitarias y, en el mejor de los casos, procesar sus desacuerdos de manera relativamente institucionalizada.

Para que sea posible esa oposición plural y dialogante, lo primero es que la Concertación asuma que en este trance histórico la resolución de sus dilemas está muy lejos de un cambio de nombre, de culpar a Piñera por dividirla, o de invitar a los alcaldes a sus reuniones (saludable, por cierto). Lo primero es sincerar que un instrumento político adecuado para un tiempo específico, no tiene por qué seguir siéndolo por toda la eternidad. Si incluso en el Congreso la capacidad articuladora de la Concertación está reducida toda vez que los parlamentarios opositores no-concertacionistas ya superan la representación del menor de los partidos de la coalición. Del mismo modo, la articulación de la oposición exigirá que en los espacios de diálogo PC y PRO se sienten a la mesa en calidad de pares. Parece plausible pensar que en el único lugar donde son claramente menos que el PRSD es en el Congreso. No es poco, por cierto.

Finalmente, lo electoral. Las elecciones municipales deben ser el escenario donde esta oposición plural se ponga en escena compatibilizando unidad y diversidad. Tal como se hace imprescindible realizar primarias para presentar un candidato único opositor a las alcaldías donde la oposición tiene posibilidades de ganar, sería absurdo inhibir la competencia de fuerzas a nivel de concejales en todo el país y en aquellas alcaldías donde el oficialismo tiene ganada la carrera. Si hay algo que le falta a la oposición son liderazgos.

Nada de ello parece cierto luego de leer los reportes de la prensa internacional sobre la filtración desde la Secretaría de Estado norteamericana hacia la web Wikileaks. Lo que un periódico alemán llamó “el 11 de septiembre diplomático” es, además, sólo el residuo final de un triple filtro aplicado a su vez sobre el material develado.

Los documentos originales facilitados por Wikileaks —250 mil cables entre la Secretaría de Estado y sus embajadas— ya son una selección de la última década y no la totalidad de ellos. A su vez, lo que habría compartido Wikileaks con los periódicoss The Guardian (Reino Unido), The New York Times (EEUU), El País (España), Le Mond (Francia) y Der Spiegel (Alemania), sería el producto de un segundo cedazo aplicado a la información, luego de corroborar veracidad, verosimilitud y seguridad según sus propios criterios. Por último, el tercer filtro fue acordado entre los medios citados y la propia Secretaria de Estado, con anterioridad a la publicación. Mientras El País informó en su web que acataría a nivel local todos los acuerdos de la negociación entre el New York Times con la Casa Blanca, The Guardian hacía los suyo en su edición impresa del lunes 29 de Noviembre, dando cuenta en una nota del editor que la información publicada fue previamente compartida tanto con Wikileaks como con el gobierno norteamericano.

En otras palabras, el espionaje a los datos personales y biométricos del Secretario General de las Naciones Unidas, la inquietud sobre la capacidad mental de la Presidenta argentina, la intromisión en la política interna de Latinoamérica para aislar algunos países, las recomendaciones recibidas para bombardear Irán, así como la cizaña esparcida en China y las Coreas, son todos elementos que salen a la luz luego de este triple filtro en el que participa la propia fuente original de los documentos. Cabe preguntarse entonces, ¿qué hay en los documentos no publicados? ¿Cuánto más lejos puede llegar la acción norteamericana en aras de dominar la información privada de otras democracias y de sus líderes? ¿Qué tan legítima es su ahora evidente intención de hacerlo?

Mención aparte merece el tono usado en las conversaciones internas de la Secretaria de Estado. Si bien se trata de material reservado, no por eso se encuentra fuera del contexto profesional y de respeto que, se esperaría, rigiera en la diplomacia universal. Muy frecuentes y coloquiales apelativos se leen en los documentos refiriéndose a las máximas autoridades de diversos países, como “flácido viejo amigo”, “susceptible y autoritario”, “son como Batman y Robin”, entre muchos otros. Se prueba con ello la existencia de una cultura organizacional en la cancillería estadounidense sintomáticamente permisiva de la mirada por sobre el hombro, partiendo por algo tan básico como el lenguaje aceptado.

En este escenario, se alza como potente argumento la minimización de riesgos para la vida humana, citado en todos los comunicados de prensa de la Secretaría de Estado. Pero, ¿fue el mismo criterio aplicado en la génesis del proyecto de espionaje? ¿Son la transparencia, la autonomía, la libertad y la verdad, valores dúctiles y factibles de relativizar frente a la seguridad? ¿Es correcto espiar y obtener subrepticiamente información privada de otras sociedades y países, bajo el propósito declarado de maximizar la seguridad nacional?

Hay al menos dos maneras de mirar este problema. El utilitarismo de Bentham nos diría que todo vale en función de las consecuencias que genera. Y si muchas vidas fueron salvadas y eventuales atentados fueron evitados con esta “política de seguridad”, entonces ejecutarlas fue lo correcto. Frente a ello una primera complicación automática: bajo esta lógica consecuencialista, lo primero que debemos mirar son los costos de la medida y compararlos con sus efectos positivos. Pero para esto último resulta fundamental mirar el escenario contrafactual, o el qué hubiera pasado si no se hubiera tomado la decisión del espionaje generalizado. En este caso, ¿se evitaron guerras con el espionaje?, ¿se salvaron vidas? Resulta imposible saberlo, y con ello se debilita el argumento.

La segunda aproximación es facilitada por el razonamiento moral categórico de Kant, basado en ciertos derechos intrínsecos al ser humano, intransables, inalienables, imposibles de relativizar. Hay ciertas cosas que simplemente están mal, en todo tiempo y contexto. La tortura y el asesinato probablemente son dos buenos ejemplos aceptados ampliamente (salvo onerosas excepciones, como veremos a continuación). ¿Lo es también el espionaje? ¿La invasión hoy flagrante a la privacidad de las personas, a las democracias de las sociedades?

Pues bien, ¿dónde se ubica la política de espionaje norteamericana en estas coordenadas morales? El ex Presidente Bush hijo ya nos dio su respuesta, reconociendo a comienzos de noviembre que autorizó torturas a prisioneros para extraer datos que, bajo su criterio, “salvaron vidas”. Con ello se cuadró por cierto con el utilitarismo puro y soslayó de paso la fase contrafactual del razonamiento. En los EEUU de Bush no hay medias tintas, se hizo todo lo necesario para conseguir el propósito.

¿Son los EEUU del Presidente Obama diferentes a los de Bush? Claro que sí. Obama tiene al menos 2 grandes ventajas. La primera es un Premio Nobel de la Paz sobre su espalda, y la segunda más de 250 mil documentos repartidos por todo el mundo gracias a Wikileaks. Son ambos potentes focos que iluminan el camino de la hasta ahora nebulosa ruta a seguir. Los países en desarrollo no requerimos un gran hermano, un sistema de vigilancia mundial, ni menos un profeta de la desconfianza. Tomar el camino de la promoción de la Democracia plena, del respeto irrestricto a los derechos individuales y colectivos, simplemente no puede pasar por una fase que los vulnera gravemente.

El motivo es simple. Se oponen a los planes del gobierno conservador para eliminar el actual techo que tienen los aranceles de pregrado, con lo que se prevé que llegarían a triplicarse en tan sólo 2 años, incluso llegando a las 9 mil libras anuales (casi 7 millones de pesos). Se oponen también al recorte del aporte público a la enseñanza en universidades, el que disminuiría un 40%.

Por muy precaria que sea la situación fiscal inglesa –tuvieron un déficit del 11,4% el año 2009-, las medidas propuestas por los conservadores parecen a priori muy extremas para un área tan sensible como la educación superior. Sin embargo, una mirada más profunda nos muestra lo contrario, si es que incluimos algunos detalles de la propuesta del gobierno inglés y lo comparamos con el caso chileno.

Partamos por casa. Invertimos más recursos en educación superior que el promedio OCDE (2,0% contra 1,4%, como porción del PIB), sin embargo la característica fundamental del sistema chileno no es esa, sino la escandalosa participación de los privados tanto en el financiamiento como en la tenencia de instituciones educacionales. Mientras en Chile el presupuesto de ESUP proviene un 84% de fuentes privadas y un 16% de fuentes públicas, el promedio de los países OCDE es casi inverso: 27% privado y 73% público.  Además, 3 de cada 4 estudiantes del sistema chileno asisten a instituciones privadas, quienes fijan currículos, aranceles y oferta por programa académico con casi absoluta libertad.

Los pormenores de la propuesta de los conservadores ingleses incluye: elevar el techo de los aranceles (en Chile no hay techo), entregar créditos blandos por parte del estado para financiar los estudios para todo aquel que lo solicite (en Chile no más del 6% de los estudiantes del sistema tiene acceso a un crédito semejante), entregar créditos públicos universales para gastos de mantención (en Chile hay becas de mantención muy limitadas), y financiar todo esto con cargo a las rentas futuras de los profesionales de forma contingente al ingreso, si es que superan cierto mínimo y por un plazo acotado de años (tal cual funciona el crédito solidario que desde 2005 se ha intentado reemplazar por un crédito bancario con aval público). Como antecedente se puede agregar la última decisión de EEUU, pues el pasado 30 de marzo el Presidente Obama promulgó la Ley que devuelve al sector público la asignación de créditos estudiantiles y eleva sus subsidios, luego de mucho tiempo de haber “beneficiado a bancos e instituciones financieras” con un sistema privado.

La política introducida por el gobierno conservador inglés resultaría ser una revolución progresista si se aplicara al caso chileno. En nuestro contexto, equivale a expandir el fondo solidario a nivel universal, haciéndolo de acceso voluntario e introduciendo además un sistema de fijación de precios de aranceles (ya no meros aranceles de referencia). Algo así como un verdadero “AUGE” de la educación superior.

Si bien puede resultar acertado describir los gobiernos de la Concertación como de centroderecha en lo económico y de centroizquierda en lo social, resulta intrigante preguntarse ¿por qué en particular para la educación superior, componente estructural de la política social,  se consagró un régimen rotado 90° a la derecha? ¿Fue un ámbito clave para mantener la escandalosa inequidad social? Probablemente sí. ¿Y qué cambios podemos esperar en el gobierno actual? Está difícil, pero depende también del número de estudiantes marchando por la Alameda hasta la Torre Entel.

Disculpando la obviedad, la industria buscará un centro que regule lo menos posible, no interfiera, y cuya gestión de los negocios comunes esté orientada al bienestar inmediato de las partes. Citando un amigo, lo sorpresivo hubiera sido que optaran por un centro  cuyos objetivos fueran redistribuir renta y exigir a los privados invertir en bienes públicos. De Loco(s).

Queda un flanco abierto. ¿Por qué esta industria priorizaría tan desequilibradamente el corto plazo por sobre consolidar utilidades estables? Porque esta industria es de las más impredecibles que podamos imaginar. Una industria en que cubrir o no el presupuesto del próximo año puede llegar a depender de los pocos milímetros que separan el “palo-pa-dentro” del “palo-pa-fuera”. Sí, fútbol. Por ejemplo, clasificar a un torneo internacional asegura US$630.000* en premios, aun perdiendo todos los partidos. Bastante dinero considerando que al último partido de Unión Española, club del nuevo presidente de la Asociación, asistieron 2.753 personas al recién remodelado -con recursos públicos- estadio Lucio Fariña de Quillota. No sabemos cuánto dinero se recaudó, pues según la prensa los clubes ya no lo informan, pero es razonable suponer que muchos pagaron la entrada más barata, de $3.000… haga sus cálculos.

Así, la calidad del entrenador nacional, los contactos del anterior presidente gremial, y todas las buenas intenciones se vuelven secundarias cuando la arquitectura de la industria, en sus actores y lógicas, no reconoce otro patrón que la rentabilidad a corto plazo. Por supuesto hay otros factores, las trazas con el poder son evidentes cuando el Presidente, el Ministro de Educación y el Director de Deportes tienen intereses conocidos en algunas instituciones. O cuando La Moneda tiene el desatino de hacer pública la remodelación de un estadio a la hora en que se vota. ¿Llamaron, articularon, ofrecieron premios y castigos? Probablemente, quién podría sorprenderse. Pero, incluso en ese caso, parece evidente que hay causas estructurales, anteriores y sustantivas a los telefonazos de Palacio. Igual que los ladrones de bancos, los inversionistas que controlan el fútbol profesional van donde está la plata. Y ahí votaron.

Decía un nefrólogo de triste recuerdo que “en unos años más la derecha iba a controlar todo el fútbol”. No sé si el doctor lo pensaría así, pero el principal espacio de ese control ha sido el cambio en las lógicas del sistema, incluso más que en las trayectorias de los prohombres con derecho a voto en Quilín. Así, no resulta casual que los más entusiastas guaripolas de la privatización -modernización (sic)- de los clubes sean quienes buscan explicar el triunfo de  Segovia por “cinco llamadas”. Se suman sin pensarlo dos veces, cuándo no, políticos que creen más en la cuña que en perfeccionar la ley, en este caso de sociedades anónimas deportivas.

Para terminar, no se trata de elogiar el pasado. El fútbol “de antes”, con dirigentes electos por los socios de los clubes en -muchas veces- parodias de elecciones democráticas, podría haberse quitado de encima a Bielsa y Mayne-Nicholls por motivaciones tan impresentables como las de los actuales. Algunas se han insinuado esta vez: no eran simpáticos, nos les daban la mano, pocos asados… Pero en aquellos tiempos, el “cómo voy ahí” era la desviación, no la regla. Y aunque la conducta desviada se haga masiva, no es lo mismo que convertirla en ley. Eso sí que es político. Las llamadas telefónicas son apenas una expresión de lo que hay detrás.

*Dato de 2008.

Pienso esto mientras veo en plena vía pública londinense a un grupo de gringos que se dirigen a una fiesta de disfraces, todos muy bien caracterizados tras varias capas de maquillaje. Se aprecian un par de personajes locales y también otros más globalizados. Entre estos últimos, se cuentan el Hombre Araña, Superman y por supuesto el infaltable homenaje póstumo a Michael Jackson. Pero en medio del grupo están quienes visten el disfraz más popular del momento: son 2 fieles dobles de los “chilean miners” yendo a la fiesta, con overol, casco y banderas chilenas incluidas.

Difícilmente hemos acabado de visualizar la magnitud de las repercusiones de este caso. Aún así, resulta razonable que el capital político generado por una solución feliz y acertada a esta cuasi tragedia se utilice por el gobierno para el beneficio público de los chilenos, partiendo probablemente por una mejora inmediata a la legislación y fiscalización de las condiciones laborales de los trabajadores. Es el momento para hacerlo, pues ningún poder fáctico, por gigantesco que sea, podría en estas circunstancias oponerse con éxito a una moción mayoritaria en este sentido.

Pero subyace aquí una pregunta. El ya famoso video “Sebastián, No lo Muestres”, en que se aprecia a la Primera Dama pidiéndole a su marido que por favor no exhiba una vez más la réplica del mensaje de los mineros frente a la prensa, la ilustra muy claramente: ¿hasta qué punto y cómo resulta adecuado usar ese capital político?. Es una discusión que llegó incluso a la alcoba presidencial, luego bien vale la pena darle unos segundos.

¿En qué medida la providencial sobrevivencia de los mineros fue el propósito en sí, y en qué medida fue sólo una externalidad positiva de un proyecto que pretendía más bien apuntalar la entonces alicaída popularidad del gobierno?

En este contexto puede ayudarnos recordar que en Chile se construye hace 20 años una muy añorada Democracia. Si nos quedamos con el sufragio popular episódico como condición suficiente para la Democracia, no habría problema con que el Presidente (quien ya ha estado en el negocio) lance una tarjeta de crédito “Miners Club”, o que se caracterice para la próxima fiesta de disfraces.

Pero el cultivo de la Democracia no se queda en el sufragio, sino que nos invita a la par a un cultivo del civismo y de un estándar moral superior en la ciudadanía toda. La belleza de la Democracia está precisamente en seducir con la nobleza de un proyecto colectivo de sociedad mejor particularmente a quienes podrían ser presas fáciles de un discurso populista.

Y ese es precisamente el cedazo por el cual Piñera hoy no pasa, y que genera incluso la molestia de su esposa. Para volver a la nomenclatura bancaria, resulta evidente el sobregiro en que incurre el Presidente, acercándose peligrosamente al uso populista de una situación que legítimamente emocionó y unió a buena parte del mundo entero.

Una de las fortalezas que Chile ha podido mostrar en el escenario internacional es precisamente su seriedad y estabilidad política e institucional, con relativa escasez de recursos cortoplacistas y facilistas como los populismos.

Ese capital chileno de largo plazo, dedicadamente construido durante años, atrae por sí solo bastante más inversión que los discursos facilistas o las rocas-obsequio catalogadas como “pisapapeles” por la prensa extranjera.

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